12 de diciembre de 2014


Folleto Accesibilidad y Patrimonio SRESM-OCPM

ACCESIBILIDAD Y PATRIMONIO

SOBRE EL PATRIMONIO

Hoy el término Patrimonio Mundial se identifica de forma general e inmediata con la realidad cultural próxima o lejana, con bienes únicos identificables y tangibles que representan un interés excepcional sea cual sea el país al que pertenecen, y que han de respetarse y conservarse como elementos del patrimonio de toda la humanidad. No siempre fue así. Ante la amenaza de deterioro o desaparición, la conservación del Patrimonio recibe un impulso definitivo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada en París por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en noviembre de 1972. Desde que se efectuaron las dos primeras inscripciones en 1978, la Lista del Patrimonio Mundial ha crecido hasta sumar en la actualidad 779 bienes culturales, 197 bienes naturales y 31 bienes mixtos. Es decir, 1007 bienes pertenecientes a 161 estados miembros. Coincidiendo con su cuadragésimo aniversario, la UNESCO y el Comité del Patrimonio Mundial, al hacer balance de ese periodo, señalaban que era necesario incluir en la Lista no solo monumentos, palacios, catedrales y edificios históricos, conjuntos, jardines y sitios históricos, o zonas arqueológicas, sino también ejemplos de arquitectura moderna, paisajes culturales, sitios transfronterizos, programas temáticos dedicados al patrimonio marino, los bosques, la arquitectura de tierra o instalaciones industriales, entre otros. Como afirma F. Bandarin, el concepto de patrimonio mundial es algo vivo, por lo que la Lista debe tener un carácter inclusivo y reflejar la evolución de lo que entendemos por cultura y naturaleza.

Este compromiso de universalidad, elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera, recogido en los Considerando de la Convención, ha traído resultados positivos para el desarrollo cultural, social y económico de las ciudades que se incluyen en la Lista. Sin embargo, tiene por delante un nuevo reto: facilitar que estos bienes culturales y naturales puedan ser accesibles, conocidos y disfrutados por todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.

SOBRE LA ACCESIBILIDAD

Treinta y dos años después de la última Convención, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, ante la necesidad de ejercer su protección universal sobre las Personas con Discapacidad, aprueban en Asamblea General el día 13 de diciembre de 2006, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su Protocolo Facultativo. Es el primer documento amplio de derechos humanos del siglo XXI y el primer instrumento legalmente vinculante que protege de manera general los derechos de las personas con discapacidad.

Representa un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques. Los Estados que firman y ratifican la Convención tienen una clara obligación de promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, y aceptan las obligaciones jurídicas que les corresponden en virtud del tratado, debiendo adaptar su legislación para hacerlas cumplir. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Conferencia de los Estados Miembros se encargan de supervisar la aplicación de la Convención. Además, los países que firman y ratifican el Protocolo aceptan la autoridad del anterior Comité para examinar las denuncias individuales de violación de sus derechos consagrados y para investigar violaciones graves o sistemáticas de la Convención. En el Preámbulo se hace notar con inquietud que, pese a todos los instrumentos promulgados y a las actividades desarrolladas para su defensa y promoción, las personas con discapacidad siguen encontrando numerosas barreras que les impiden participar en la vida social en igualdad de condiciones.

Al mismo tiempo, se reconoce la diversidad del colectivo al que nos referimos y la evolución habida en el propio concepto. Es decir, hoy la discapacidad se entiende como resultado de la interacción entre las personas y las barreras existentes, que se deben a la actitud de las personas y al entorno. Se reconoce, también en el Preámbulo, la gran importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la información y a las comunicaciones. Por ello, la Accesibilidad se asume como uno de los Principios Generales de la Convención. Sin embargo, si bien todos sabemos qué es el Patrimonio, no tenemos tan claro qué es la accesibilidad. Asumiríamos, con escasas diferencias, que es una condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

En su itinerario vital diario, una persona con discapacidad podrá sentirse integrada y tendrá iguales oportunidades en función de la accesibilidad, o de su ausencia, en ámbitos tales como la información, el transporte, el urbanismo, la arquitectura, la comunicación y los servicios que recibe o usa de la administración. La accesibilidad es doblemente transversal: por un lado “atraviesa” la actividad de la persona y, por otro, “atraviesa” el desempeño de ámbitos muy diferentes de la administración y sus recursos. Este amplio campo de contenidos es en parte desconocido y de incipiente aplicación. Esto se debe a factores como su reciente formulación y entrada en escena, su aplicación a ámbitos muy complejos, su relación con una población muy heterogénea y de amplia diversidad funcional (movilidad reducida, ceguera o baja visión, sordera o baja audición, diversas capacidades cognitivas, entre otros) que obliga a soluciones diferenciadas e integradoras. Por otro lado, también contribuye a ello su carácter transversal, que implica a diversos ámbitos de la gestión y la numerosa y dispersa normativa existente en el diagnóstico y en la solución. Dicha normativa a veces dificulta soluciones ajustadas, la incipiente formación técnica y profesional en los ámbitos relacionados, la atomización de agentes y colectivos, o el anclaje en la agenda institucional. No obstante, nuestras ciudades han asumido el compromiso ya que los once países (treinta y una ciudades) que forman parte de la Secretaría han firmado y ratificado la Convención. Además, siete de estos once países (veintisiete ciudades) han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo, con lo que ello conlleva respecto a su aplicación y supervisión.

CLAVES PARA AVANZAR

En el futuro hay que redoblar el esfuerzo por evitar la sutil forma de discriminación que representa la falta de accesibilidad. La experiencia de las ciudades más avanzadas nos demuestra la necesidad de apoyarse en cuatro pilares básicos: la voluntad institucional, para fomentar planes de actuación y proporcionar los recursos adecuados; la aplicación de la legislación y, cuando sea necesario, de un ajuste razonable de las soluciones a la realidad pre-existente; la participación de agentes profesionales y colectivos de personas con discapacidad para detectar las necesidades y ayudar a priorizar lasintervenciones; e instrumentos u órganos de gestión responsables para soportar la necesaria respuesta transversal y la coordinación en la “Cadena de la Accesibilidad” (Información-Comunicación, Transporte, Urbanismo, Arquitectura, Servicios al Ciudadano). Sobre estos pilares, avanzaremos con un enfoque multidisciplinar (que aporte la perspectiva de las diversas disciplinas y ayude a resolver las “tensiones” que se puedan producir) comprensivo con el momento y condicionantes de cada realidad en la que se interviene, con soluciones escaladas (estructurales, provisionales, técnicas, tecnológicas, audiovisuales, u otras), ajustadas al objetivo, respetuosas con la protección a la que, en su caso, esté sujeto el bien o recurso, integradas e “invisibles”, pues lo que se percibe no es la accesibilidad, sino su ausencia.

Estamos de acuerdo en que los Ayuntamientos son la administración más próxima a las personas, a los problemas y sus soluciones, y en que las actuaciones en materia de accesibilidad inciden directa y positivamente sobre casi la mitad de la población e influyen en la calidad de vida de todos. Por tanto, ejerzamos nuestra responsabilidad llevando también la cultura de la accesibilidad a la defensa del Patrimonio.